Consejo de Paz denuncia irregularidades tras detenciones de manifestantes

“Queremos hacer del conocimiento público algunas denuncias, a través de un análisis técnico- jurídico, que se vienen haciendo de los casos asistidos por el equipo de abogados de éste consejo, considerando que son varias las anormalidades que ocurren tras las detenciones de los manifestantes”, expresó el Dr. Pablo Espinal, como vocero de la comisión de derechos humanos del Consejo de Estado por la Paz y la Justicia del estado Lara (CepazLara).

Denunció la actuación irregular del juez de control del circuito penal del estado Lara, Amalio Ávila, quien asegura, se ha dado a la tarea de tomarse atribuciones que le corresponden al Ministerio Público, como la de calificar el hecho a pesar de que la fiscalía como titular de la acción penal es la que le corresponde y no lo ha hecho, utilizándolo para justificar una medida de privación de libertad en contra de los detenidos.

“El artículo 236 del COPP, establece que una medida de privación de libertad prospera a solicitud del fiscal del MP, es decir, que si el mismo no lo requiere no puede ser dictada tal medida, porque sino el juez asume dos atribuciones calificar el hecho y auto solicitarse decretando la medida, lo que usurpa las funciones”. Espinal detalló además que actualmente han sido detenidas ocho personas en la entidad bajo “éstas medidas” ilegitimas.

Destacó que ante tal situación han ejercido recursos de apelación contra la decisión y desde el punto de vista jurídico como equipo, se encuentran analizando la posibilidad de introducir una denuncia ante la inspectoría de tribunales por parte de este juez, así como ante el tribunal disciplinario del colegio de abogados.

Insistió, en que continúa el retardo procesal en los tribunales, en razón de que exigen unos fiadores para el otorgamiento de la libertad de los imputados y una vez presentados, demoran la verificación de los mismos excesivamente, con el único propósito de generar más horas en la detención.

Informó  que más de 115 personas se encuentran a la espera de dichas audiencia y de la libertad porque están cumpliendo los requisitos exigidos de ley, aún cuando siguen pidiendo que el fiador gane más de cinco salarios mínimos, cosa que a su juicio, les resulta cuesta arriba porque en este país muy pocos logran ganar más de 500milBs.

 “No puedo dejar pasar que está sucediendo una cosa bárbara que no podemos dejar pasar por alto, como es las detenciones de todo aquel que los funcionarios se consiguen en la vía durante las manifestaciones, lo ruletean y les están extorsionando, se valen de la ocasión para cometer actos de corrupción”, acotó el vocero de la comisión de DDHH.

Hicieron un llamado a la colectividad larense exhortándoles a continuar unidos en esta lucha por la reivindicación de los derechos, la libertad, justicia y paz que ansía nuestro país, por lo que como equipo jurídico siguen sumados para ejercer gratuitamente su labor con solidaridad.

Hasta la fecha los abogados de CepazLara, han atendido 109 personas en audiencias, a través de la prefectura de Iribarren se han emitido cartas de buena conducta y de residencia a 878 ciudadanos que sirven de fiadores en los procesos.