"La asamblea constituyente no es fiscal ni juez para para condenar o absolver a su conveniencia al componente militar más desprestigiado del país" |
| Rafael Narváez. |
“Todo el mundo sabe que este componente fue el más represivo en cuanto a tratos crueles e inhumanos durante la aplicación del Plan Zamora”,citó.
El abogado, ex parlamentario y defensor de los derechos humanos manifestó que esta acción de la ilegítima asamblea constituyente solo puede ser calificada como una “aberración jurídica” debido a que esta instancia, “ni es fiscal para perseguir delitos, ni es juez para condenar o absolver a su conveniencia a una institución militar tan desprestigiada ante los venezolanos”.
Explicó Narváez que de acuerdo a la legislación vigente, todo aquel funcionario que maltrate físicamente a un ciudadano detenido tiene responsabilidad penal y puede ser condenado hasta por 25 años de prisión por lo que consideró prioritario que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ponga orden en la investigación penal en el país, luego de que organismos como la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando antiextorsión y secuestro, CONAS y el Cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, CICPC, “violentaran la normativa de nuestra legislación de forma impune ante la dejadez del Ministerio Público en actuar de acuerdo a sus funciones y atribuciones.
"La Fiscalía cuenta para hacer cumplir la ley, con los testimonios del Comité de Víctimas del Plan Zamora así como con todas las detenciones arbitrarias ejecutadas por el Sebin y un expediente abierto que el fiscal tiene en su poder. Señor fiscal Saab, usted tiene la palabra. Según sus propias declaraciones, no quería ser fiscal y fue designado como tal por lo que ahora está facultado para investigar de oficio si es que acaso no quiere ver los expedientes”.
Durante las manifestaciones de la oposición de los últimos cinco meses se violentó el artículo 68 de la Constitución - expresa Narváez - "porque en toda manifestación pacífica no se permite el uso excesivo de la fuerza, sustancias tóxicas y mucho menos armas de fuego y la Guardia Nacional Bolivariana accionó armas de fuego de forma indiscriminada en contra de los manifestantes. La Fiscalía del Ministerio Público está obligada a dar respuesta a esto cuanto antes”.
El defensor de derechos humanos anunció que las víctimas de los organismos del Estado se están organizando para llevarle al Fiscal general provisorio todos los testimonios y pruebas documentales, “sobre las atrocidades cometidas por los funcionarios en actos de abierto exceso y abuso policial. La violación de Derechos Humanos no prescribe y no tiene beneficios por lo que le recordamos una vez más al fiscal que la impunidad no tiene color político”.
El abogado, ex parlamentario y defensor de los derechos humanos manifestó que esta acción de la ilegítima asamblea constituyente solo puede ser calificada como una “aberración jurídica” debido a que esta instancia, “ni es fiscal para perseguir delitos, ni es juez para condenar o absolver a su conveniencia a una institución militar tan desprestigiada ante los venezolanos”.
Explicó Narváez que de acuerdo a la legislación vigente, todo aquel funcionario que maltrate físicamente a un ciudadano detenido tiene responsabilidad penal y puede ser condenado hasta por 25 años de prisión por lo que consideró prioritario que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ponga orden en la investigación penal en el país, luego de que organismos como la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando antiextorsión y secuestro, CONAS y el Cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, CICPC, “violentaran la normativa de nuestra legislación de forma impune ante la dejadez del Ministerio Público en actuar de acuerdo a sus funciones y atribuciones.
"La Fiscalía cuenta para hacer cumplir la ley, con los testimonios del Comité de Víctimas del Plan Zamora así como con todas las detenciones arbitrarias ejecutadas por el Sebin y un expediente abierto que el fiscal tiene en su poder. Señor fiscal Saab, usted tiene la palabra. Según sus propias declaraciones, no quería ser fiscal y fue designado como tal por lo que ahora está facultado para investigar de oficio si es que acaso no quiere ver los expedientes”.
Durante las manifestaciones de la oposición de los últimos cinco meses se violentó el artículo 68 de la Constitución - expresa Narváez - "porque en toda manifestación pacífica no se permite el uso excesivo de la fuerza, sustancias tóxicas y mucho menos armas de fuego y la Guardia Nacional Bolivariana accionó armas de fuego de forma indiscriminada en contra de los manifestantes. La Fiscalía del Ministerio Público está obligada a dar respuesta a esto cuanto antes”.
El defensor de derechos humanos anunció que las víctimas de los organismos del Estado se están organizando para llevarle al Fiscal general provisorio todos los testimonios y pruebas documentales, “sobre las atrocidades cometidas por los funcionarios en actos de abierto exceso y abuso policial. La violación de Derechos Humanos no prescribe y no tiene beneficios por lo que le recordamos una vez más al fiscal que la impunidad no tiene color político”.
Esta información la aportó Rafael Narváez en un boletín de prensa.
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