La ONG Espacio Público informa en su último resumen semanal denominado: “Entre la arbitrariedad y el abuso de poder” que noviembre 2017 transcurrió signado por la aprobación de la inconstitucional "Ley contra el odio, la convivencia y la tolerancia” llevada a cabo por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que contempla castigar hasta con 20 años de prisión, cierre de medios y bloqueo de portales web la libre expresión e información.
"Esta Ley castiga el discurso del odio pero no establece categorías claras para calificar expresiones de este tipo, sin embargo establece condenas sumamente duras. Está caracterizada por su extensa vaguedad y representa una clara amenaza puesto facilita la arbitrariedad en su aplicación, dada que su aplicación queda a discrecionalidad del Estado.
La ANC sin facultad para la aprobación de leyes, crea este instrumento regresivo vulnerando aún más el derecho a la expresión, participación, asociación que tienen los venezolanos y que contravienen y desconocen los estándares nacionales e internacionales”.
En un contexto crítico a nivel social, económico y político, y mientras el Estado busca consolidarse con prácticas totalitaristas que cercenan libertades e impiden la consolidación de espacios de participación y encuentro por el bien de la democracia, continúan los periodistas siendo blanco de ataques, hostigamiento y persecución.
Espacio Público destaca el caso de la agresión a la sede de El Nuevo País y la Revista Zeta por parte de grupos violentos afectos al oficialismo e identificados con el movimiento 4F, quienes usaron un esmeril para acceder a las instalaciones del diario, causando destrozos y pintando consignas gubernamentales en portones, alegando que el edificio será convertido en viviendas para sus familias.
La arremetida contra los medios impresos trasciende el límite de la violencia cuando noviembre, el diario El Mío se convirtió en el quinto periódico que deja de circular en el país en lo que va de año, la decisión corresponde a la imposibilidad de adquirir papel prensa para continuar informando la realidad del estado Anzoátegui, labor que venía realizando durante los últimos siete años.
El ejercicio del periodismo - destaca Espacio Público - no solo se ve afectado por el cierre de medios, sino que también el uso de la fuerza pública para impedir el libre acceso a la información y la cobertura de hechos de importancia para el país se hizo una constante en noviembre, en Caracas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodian la sede de la Asamblea Nacional,negaron el acceso a los periodistas que a diario realizan la cobertura de la fuente parlamentaria. La prohibición se lleva a cabo cuando los comunicadores tomarían declaraciones de los Diputados de la Unidad en relación a la reestructuración de la deuda anunciada por Nicolás Maduro en cadena nacional.
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