La ONG en su más reciente informe destaca que enero inició con una arremetida en contra de todo aquel que tuviera una opinión contraria al discurso oficial.
Estos son algunos de los casos analizados por Espacio Público:
Lo que comenzó con una protesta por servicios públicos en el estado Carabobo trajo como consecuencia la detención de dos ciudadanos que fueron puestos a la orden del Tribunal Sexto en Funciones de Control. Les fue dictada privativa de libertad basándose en la acusación fiscal por los delitos de detentación de sustancias incendiarias, instigación pública, obstaculización de la vía pública, tipificados en el Código Penal, e instigación al odio, según la legislación de odio propuesta por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Érika Palacios, de 41 años, y Ronald Sevilla, de 25, enfrentan la posibilidad de ser sancionados hasta con 20 años de cárcel, al estrenar la aplicación de la “Ley” contra el odio, la cual criminaliza el ejercicio de sus derechos humanos a la libertad personal, de reunión, expresión y debido proceso. El uso del derecho penal para castigar manifestaciones corresponde a una medida desproporcionada que no tiene cabida en una sociedad democrática, busca generar un efecto intimidatorio y estimula la autocensura para inhibir la crítica contra el gobierno nacional.
En la misma línea de censurar la disidencia, la empresa Metro de Caracas despidió a uno de sus trabajadores citando como causal la “Ley” del odio, Wuilis Florentino Rodríguez recibió una notificación 5 días después de que escribiera en su muro de Facebook que el salario que percibía no le alcanzaba para comprar detergente para lavar su uniforme; su queja según el Presidente del Metro, Mayor General (M/G) César Ramón Vega González, “atenta contra el Manual de Ética y Buenas Costumbres que debe mantener un servidor público”, basándose en ese argumento y en el artículo 20 de la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” envió al trabajador la carta donde se le notifica el cese de la relación laboral.
Este tipo de acciones ponen en riesgo expresiones que puedan surgir de la cotidianidad de los trabajadores, no solo de esta empresa, sino del resto de los organismos públicos cuyos empleados optarán por la censura ante el temor de perder sus empleos, en un contexto de crisis económica y elevada inflación.
Presión militar
La intimidación en las Fuerzas Armadas se hizo pública luego de que los funcionarios de la Guardia Nacional (GN), Neomar Brito, César Balzan, Jesús Bermúdez y Nervis Rincón denunciaran las condiciones en la que prestan sus servicios y reclamaran la presencia del Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.
En uno de los vídeos difundido en redes sociales se puede escuchar a los militares decir: “la comida no sirve para nada”, “queremos beneficios, más nada”. Siendo este reclamo motivo suficiente para que fueran trasladados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
La existencia de normas que establecen limitaciones legítimas a militares activos pensadas para un fin institucional superior como “conservar la disciplina y orden militar” no debe ser escudo para pretender callar acciones como éstas. El reclamo de estos funcionarios no compromete la institucionalidad del componente para el que hacen vida, por lo que castigar la expresión de quien protesta por comida o condiciones mínimas de trabajo es una clara violación de su derecho a la libertad de expresión.
Discursos de los obispos
En otro contexto, en el marco de una de las expresiones marianas más grandes del mundo, la homilía pronunciada por el obispo de Barquisimeto, Víctor Hugo Basabe, fue motivo de amenazas por parte de Nicolás Maduro, quién lo acusó públicamente de cometer “delitos de odio”.
En su discurso el Obispo pedía a la Divina Pastora librar a Venezuela de “la peste” de la corrupción política que en su opinión , llevó al país “a la ruina moral, económica y social”. Dicha petición resultó ser para Maduro un “discurso de odio” e instó al Fiscal General, al Defensor del Pueblo (ambos designados por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente), al Contralor General y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia atender esta denuncia en medio de su presentación de la memoria y cuenta transmitida en cadena nacional.
Durante su alocución Maduro se refirió a los sacerdotes como “diablos con sotana” y dijo que la intención del discurso era “generar enfrentamiento entre los venezolanos: violencia, muerte, exclusión y persecución” lo que a su juicio demuestra la “maledicencia” de las autoridades católicas, “su maldad, su veneno, su odio, su perversidad”.
Suspensión de periodistas
Aristimuño y Piña
Otro hecho importante en relación a este caso fue la decisión de Promar TV de suspender a dos de sus periodistas por aplaudir el discurso de Monseñor, alegando que estos habrían violentado la Ley del Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética del Periodista Venezolano. José Alejandro Aristimuño y Valeria Piña se encontraban realizando la cobertura de la procesión, cuando Monseñor Basabe pronunciaba su emotivo discurso el medio se encontraba fuera del aire y al igual que el resto de los asistentes al evento, los periodistas aplaudieron las palabras del representante de la iglesia, hecho que resultó incomodo para las autoridades regionales.
Según el testimonio de Aristimuño al finalizar la cobertura tanto él como Valeria Piña fueron citados a una reunión con la directiva del canal donde les notificaron la suspensión y que el motivo de la misma correspondía a las presiones ejercidas por la Gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez.
“La permanencia, perseverancia y persistencia a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades: es eso lo que distingue las almas fuertes de las débiles”. Thomas Carlyle
Tanto el Código de Ética como la Ley del Ejercicio del Periodismo condenan la censura previa y en ninguno está contemplado la autocensura, por lo que usar este argumento para castigar la libre expresión resulta fuera de lugar y condenable, medidas como éstas solo dejan en evidencia las presiones a las que son sometidos en la actualidad los medios de comunicación en el país.
Censura en El Universal
De estas presiones se han hecho eco algunos medios de tradición, este mes salió a la luz pública un comunicado firmado por la editora de redes sociales del diario El Universal, Mariangélica Ramírez Saldivia, en la que insta a sus trabajadores a excluir de sus contenidos la sección política en todas las plataformas digitales del diario, a excepción de los aprobados por la mesa de redacción.
El resto de los temas, entre los que están: deportes, turismo, tiempo libre y entretenimiento, pueden ser divulgados con libertad porque van de la mano con la imagen “coherente, clara y positiva” de la marca en las redes sociales, según expresa el comunicado difundido por TalCual en su sitio web1.
Al venir del Consejo Editorial esta comunicación establece criterios claros de censura que condicionan aspectos fundamentales en el periodismo tales como la verdad, la independencia y el equilibrio.
Los esfuerzos del Estado por suprimir la expresión más mínima de descontento o rechazo, usando la censura como instrumento, intenta sembrar en la sociedad venezolana miedo: quitarle el trabajado a alguien que usa sus redes sociales para decir que su sueldo no le alcanza para comprar detergente, encarcelar a quien exige mejores condiciones laborales, o suspender a quien aplaude un discurso, son una prueba de que la libertad es considerada una amenaza por el Gobierno.
Para quien amedrenta es fundamental crear entre los individuos una atmósfera de terror y dependencia: castigar desproporcionadamente a uno enviará un mensaje al resto, quienes por miedo a las sanciones adoptarán la autocensura como política de subsistencia.
Si queremos recuperar la República es tarea de todos como sociedad enfrentar la arremetida constante en contra de nuestras libertades, observar estos casos y responder con resiliencia, dignidad y firmeza, destaca el informe de la ONG Espacio Público difundido este 8 de febrero.
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