ONG sin respuestas eficientes ni oportunas del gobierno

Durante la Semana Santa las Organizaciones No Gubernamentales tomaron las calles de Barquisimeto  para denunciar las penurias que a diario se traducen en manifestaciones motivadas por el hambre, la escasez y la muerte. 

Los pacientes crónicos reclaman mayor atención del gobierno. 

La red de organizaciones en defensa de los derechos humanos del estado Lara - bajo la tutoría de la Vicaria de la Arquidiócesis de Barquisimeto - no disfrutaron del asueto religioso de la Iglesia Católica, decidieron llenarse de valor, enfrentar las adversidades y la apatía de la ciudadanía  para  protestar ante las instancias gubernamentales, donde cada día aumenta el número de manifestantes en los sectores populares reclamando alimentos y servicios públicos.  

Las ONG unidas trabajaron como un solo ente para atender los graves problemas de una ciudadanía ansiosa de respuestas oportunas a sus necesidades y por mejores sus condiciones de vida. 

Todos exigen derechos a la pluralidad, la libertad y la diversidad de información.

Caras tristes, rostros de pesar e incertidumbre observamos en las principales calles de Barquisimeto, donde los defensores de los derechos ciudadanos reclamaron, frente a los organismos del estado venezolano, mayor eficiencia y respuestas oportunas ante la gravedad de la debacle social y económica. 

La psicólogo Yubiris Terán se refiere a esa desesperanza que embarga a la sociedad, a la frustración ante no saber cómo alimentar a la familia. "Nuestras vidas se han vuelto un calvario, nos sentimos cansados pero no podemos perder la fe", dijo.

La cruz, símbolo del cristianismo, encabezó la principal protesta con un via crucis con la presencia de los pacientes crónicos, quienes con las bocas tapadas, temerosos de perder sus vidas, reclamaron eficientes servicios de salud y medicinas, ellos fueron los protagonistas estelares de la celebración de la Semana Mayor en el estado Lara. 

Un vía crucis contra la ineficiencia. 

La directora de la Asociación Civil Madres y Padres por los Niños en Venezuela (Mapani), Gretna El Halabi, denunció que en el estado Lara 280 mil niños podrían morir por desnutrición, situación que se ha convertido hoy en un problema de salud pública.

La ciudadanía amenaza con una huelga de hambre, los pacientes crónicos se sienten condenados, así que cualquier grito de auxilio por salvar sus vidas de un desenlace es algo que agradecen. 

Los transportistas siguen seriamente afectados al extremo de impedirles llevar el sustento diario a sus familias por la escasez de repuestos, las amas de casa angustiadas por el desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad. 

Con muchas lágrimas brotando de sus ojos, el dirigente social Héctor Daniel Colmenárez, de la Fundación Amigos del Paciente Renal, denunció que los pacientes crónicos se sienten condenados a muerte y que ahora sus vidas son más tristes.

Por su parte Luzmila Leal, de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, destaca que desde el año 2013 han denunciado la profunda crisis sanitaria que en 2018 los lleva al colapso del sector salud. 

“Estamos privados de medicinas y alimentos, casi 90% de los centros de salud no están operativos, el gobierno niega la emergencia humanitaria. Los hacemos directamente responsables de la muerte y severos daños a la salud de los más afectados”, cita la doctora Leal.

Con fe y esperanza continúa la protesta.

Por cierto ninguna autoridad de los niveles de gobierno nacional, regional ni del municipio Iribarren ofrecieron una respuesta oportuna, ni siquiera por respeto, ningún funcionario atendió las exigencias de los pacientes crónicos, quienes con un vía crucis lograron exponer los motivos de una protesta que traspasa los límites de la inercia y de la desidia oficial.

“Sólo nos queda salir a la calle con nuestra fe, nuestro clamor y esperanza, enfrentemos el miedo y la desesperanza, exigimos nuestros derechos. El pueblo de Lara no va aceptar que se violen los derechos humanos de los pacientes crónicos que no tienen medicinas”, exclamó el sociólogo Nelson Freitez, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA.