El diputado a la Asamblea Nacional Guillermo Palacios calificó como un hecho muy grave la vinculación de Cármen Meléndez, entre los 55 funcionarios venezolanos que el gobierno de Panamá denuncia como sospechosos de delitos de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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Diputado Guillermo Palacios, dirigente del partido UNT. |
El parlamentario opositor, secretario general del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Lara asegura que Cármen Meléndez forma parte de esa mafia de delincuencia organizada que denuncian desde Panamá.
Emplazamos a la gobernadora que le explique a los larenses las causas por las cuales se encuentra incluida en la lista que acaba de publicar la República de Panamá sobre personas de alto riesgo en cuanto a blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, ya que es sumamente grave que tengamos al frente de la primera magistratura de la nación, Nicolás Maduro, y del Estado a personas que están cuestionadas nacional e internacionalmente en razón de sus enriquecimientos e inversiones, que se presume son en perjuicio de los venezolanos.
Palacios señala que no se puede obviar que Meléndez fue, entre los cargos ejercidos, jefe de la Oficina Nacional del Tesoro en cuyo ejercicio se produjeron operaciones financieras a través de la venta de bonos y notas estructuradas que hasta el momento no han sido suficientemente aclarados, lo cual obliga aún más a que esta funcionaria explique porque su nombre aparece entre los 55 funcionarios que la República de Panamá los tilda de sospechosos en relación con la comisión de delitos de delincuencia organizada.
“Es obligación del Consejo Legislativo del Estado que abra una investigación sobre estos hechos, pues es grave que tengamos una Gobernadora que este seriamente cuestionada en razón del origen de sus enriquecimientos y el órgano de control no diga nada sobre estas aseveraciones, lo cual amerita que el órgano legislativo solicite información en Panamá sobre estas declaratorias oficiales de sospechas de blanqueo de capitales”.
Estas decisiones de la República de Panamá, en donde involucran empresas del entorno Presidencial son muy graves, ya que las mismas fueron constituidas en Panamá entre los años 2013 y 2015 por familiares directos de la Primera Dama Cilia Flores, en donde aparecen involucrados funcionarios del CICPC y del CNE, además de la trama empresarial hacia paraísos fiscales que derivan de estas actividades. No menos grave – expresa Palacios - resulta la implicación de altos funcionarios del TSJ, CNE, Fiscal General de la República y otros que aparecen señalados que igualmente debe ser esclarecido.
"Haber incluido al Presidente de la República de Venezuela en una decisión de un país sobre la materia de corrupción, demuestra que la imputación está relacionada con el lavado de dinero, para que incluyan a personajes de alta relevancia demuestra que la nación de Panamá ha detectado actividades sospechosas".
Se incluyen a 16 empresas del entorno presidencial, están relacionados directa e indirectamente con Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Eso amerita una investigación profunda de los órganos de control de Venezuela, cita el diputado Palacios.
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