La Asociación Civil sin fines de lucro publicó el más reciente estudio sobre el "Presupuesto 2018: La caja negra del Gobierno” donde revelan que el primer semestre de este año elevaron el gasto del país cerca de 470 mil millones de bolívares.
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| Las protestas ciudadanas evidencian el mal manejo de los recursos del Estado. |
A través de los análisis realizados por Transparencia Venezuela se ha evidenciado una acelerada aprobación de créditos adicionales para financiar el funcionamiento del Estado, aumentando el presupuesto de la nación en 1.201% hasta junio de 2018, que en términos reales ha tenido un crecimiento de -72% debido a la hiperinflación.
El presupuesto representa un aumento nominal de 1.201% en comparación con 2017.
En un nuevo esfuerzo por vencer la opacidad, auspiciada y defendida por el Ejecutivo, la organización logró conseguir de manera extraoficial información clave de la Ley de Presupuesto Nacional 2018, con la que se evidencia las fallas del gobierno en adaptar sus políticas públicas y gastos, a los ingresos reales del país y las posibilidades de endeudamiento.
De los cálculos se desprende que entre los cinco poderes públicos, el Judicial fue el único que tuvo un crecimiento en términos reales.
En 2017 recibió Bs.F 878.610 millones en total, y este año, entre el presupuesto inicial y los créditos adicionales ha obtenido Bs.F 46.839.667 millones, con lo cual, pese a la inflación, tuvo un crecimiento real de 14%.
La mayoría de los recursos destinados al poder Judicial fueron para el Tribunal Supremo de Justicia, al que le fue asignado solo Bs.F 344.213 millones, pero en los primeros seis meses del año recibió créditos adicionales por Bs.F 45.003.578 millones, entre otras cosas, para mejorar su infraestructura tecnológica, sueldos y salarios.
Trato contrario recibió el poder Legislativo. A la Asamblea Nacional le destinaron apenas 0,006% del presupuesto inicial y en lo que va de año no ha recibido ningún crédito adicional.
El Ejecutivo presentó para su aprobación el presupuesto para el ejercicio público 2018 a la Constituyente, violentando la norma constitucional que le atribuye esta competencia a la Asamblea Nacional. La Constituyente, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Planificación y la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) se negaron a divulgar el presupuesto nacional, evitando con esto que el parlamento y los ciudadanos pudieran realizar el correspondiente seguimiento del gasto para el año 2018 y la rendición de cuentas en función de las metas planteadas.
La Asociación Civil Espacio Público exige respuestas.
En el Día Mundial del Acceso a la Información recordamos que el Estado está obligado a responder las preguntas que hacemos como ciudadanos:
¿Por qué no hay luz?
¿Qué pasa con el racionamiento del agua?
¿Quién destruye nuestra selva y discrimina a los indígenas en el Arco Minero? ¿Por qué no atienden la emergencia sanitaria por el desborde del Lago de Valencia?
Desde Espacio Público hemos hecho 24 peticiones formales de información y los responsables en el gobierno permanecen en silencio violando la ley, fomentando la desinformación y facilitando la corrupción, señalan.
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