La Asociación Civil Espacio Público ofrece el resumen del mes de octubre 2018 donde continuó la persecución a trabajadores públicos: enfermeras,
bomberos, e incluso funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) fueron víctimas de hostigamiento judicial; una práctica que busca
silenciar las críticas al Gobierno por la mala administración, falta de
implementos de trabajo y salarios que no cubren las necesidades básicas.
Venezuela
continúa atravesando una emergencia humanitaria compleja donde la libre
circulación de la información es clave para la contraloría social y
para la toma de decisiones del día a día. Sin embargo, este mes al menos
tres periódicos dejaron de imprimirse y uno redujo su frecuencia de
publicación; salió del aire un programa por exigencias de derechos, dos
medios de comunicación fueron víctimas de robos que comprometen su labor
informativa, registramos cuatro casos con agresiones a periodistas y
detenciones de líderes sociales.
A continuación presentamos un resumen de lo sucedido en materia de libertad de expresión durante el mes de octubre en Venezuela.
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Menos medios, menos información
Octubre inició con más censura a páginas web informativas: el portal digital Noticias al Día denunció este 01 de octubre el bloqueo
de su página web por parte de las operadoras Movistar, Movilnet, Cantv y
Digitel, sumándose a La Patilla, El Nacional y El Pitazo. El medio de
comunicación señaló que el bloqueo del portal de noticias es de tipo de
Denegación de Servicios (DNS) y que la censura persistes desde hace más
de un año.
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Además
de la restricción de acceso a la información en la web, en Espacio
Público registramos la salida de al menos cuatro medios y programas. El
martes 2 de octubre, la directiva del diario del Partido Comunista de
Venezuela (PCV), “Tribuna Popular”, anunció que la situación del país y
la crisis económica los obligó al a salir de circulación
luego de una trayectoria de 70 años. La directiva del PCV expresó que
la salida del diario se debe a la falta de recursos, la escasez de papel
periódico y material de impresión dada la crisis económica que vive el
país.
En Guayana, estado Bolívar, el diario El Luchador anunció el cese de la circulación
de su versión impresa después de más de 113 años de impresión. La falta
de papel prensa, dinero en efectivo, insumos y de publicidad obligaron a
migrar a la web después del 04 de octubre, la última medida tomada por
su directiva para seguir informando luego de haber reducido su tiraje a 8
páginas.
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También el Diario Caribazo anunció en su edición del miércoles 31 de octubre que circulará solo cuatro días a la semana,
de martes a viernes, en el estado Nueva Esparta, buscando garantizar su
labor informativa hasta diciembre de este año ya que también enfrentan
problemas para adquirir el papel prensa. Ana Carolina Arias, periodista y
aliada de Espacio Público, comentó que “la razón es alargar el papel
que les queda, ya que tenían pensado llegar solo hasta diciembre”.
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Continúan los robos
El
Estado tiene la obligación de mantener la seguridad pública, resguardar
el derecho a la propiedad privada y garantizar que el sistema judicial
funcione de manera adecuada para señalar a los responsables y sancionar
los delitos. Sin embargo la impunidad sigue siendo un motivo para que
continúen los crímenes y, en el caso de los medios de comunicación,
constituyen una violación indirecta del derecho a la libertad de
expresión ya que en las circunstancias actuales se ve limitada la
posibilidad de reponer los equipos e insumos necesarios para seguir
operando.
La emisora de radio Mega Herzt 96.5 FM, en el estado Apure, y el diario El Siglo, en Aragua, fueron asaltados
el 14 de octubre. En el primer caso los asaltantes ingresaron a la
estación de radio ubicada en Biruaca, robaron consolas, micrófonos y
equipos de grabación de las salas de transmisión y de entrevistas,
poniendo en peligro la continuidad de las transmisiones debido al alto
costo de reposición de los equipos.
A la sede del diario El Siglo
en san Vicente, Maracay, ingresaron delincuentes, sometieron a los dos
vigilantes que estaban en el sitio y cortaron el circuito eléctrico que
resguardaba las instalaciones, donde el periódico almacena sus equipos y
materiales. Trabajadores del diario indicaron que el robo produce
limitaciones en el proceso de impresión del periódico.
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La violencia no mata el mensaje
El
hostigamiento e intimidación a periodistas tiene, en principio, un
doble efecto: menos información disponible para la sociedad, e impulsar
la inhibición de algunos profesionales de los medios para dar cobertura a
ciertos eventos. En consecuencia la circulación de noticias debidamente
registradas se reduce a los temas y espacios en donde se permite que
haya trabajadores de la comunicación haciendo su trabajo con libertad,
lo que reduce la pluralidad y afecta la democracia.
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Entre rejas por informar y denunciar
Trabajadores
de la salud han sido constantemente perseguidos desde que iniciaran
protestas por mejoras en los hospitales en cuanto a infraestructura,
abastecimiento de insumos, y salarios. El 05 de octubre funcionarios del
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc)
detuvieron a
Karen Peraza, Iliana Castillo y Denilda Luna, enfermeras del hospital
Luis Razzetti del estado Anzoátegui, luego de que participaran en
distintas protestas exigiendo mejoras en el sector salud y fueran
citadas a declarar ante el Cicpc.
Según
el comunicado difundido por el Colegio de Enfermería del estado
Anzoátegui, las enfermeras estarían detenidas por mandato de un diputado
por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El 07 de octubre un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a la doctora
Maryori Medina Parra, especialista en neumonología, quien fue
trasladada el mismo día desde Puerto Ordaz, estado Bolívar, a Caracas.
20 funcionarios irrumpieron a la fuerza en el apartamento de la doctora,
se la llevaron detenida, confiscaron su carro y computadora. La única
información que manejan familiares, amigos y colegas de Medina es que se
trata de una orden de captura desde la capital, aunque desconocen el
motivo de la detención.
La
información respecto a este tema es de interés público y la cobertura
dentro de los hospitales es un derecho de los periodistas en el
ejercicio laboral, necesaria para que las personas puedan recibir
información veraz y oportuna sobre el tema, derecho consagrado en la
Constitución Nacional.
Líderes comunitarios y funcionarios de la GNB también fueron detenidos
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Cautelares para Pedro Jaimes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a Pedro Jaimes Criollo una medida cautelar el
04 de octubre y solicita al Estado venezolano respetar sus derechos a
la vida e integridad personal, proporcionando atención médica adecuada y
mejorando las condiciones de detención de acuerdo a los estándares
internacionales.
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Pedro
Jaimes está recluido desde el 10 de mayo en una celda del Sebin en El
Helicoide, las condiciones de su encarcelamiento son crueles, ha sido
sometido a malos tratos y producto de las repetidas golpizas tiene fractura en una costilla y
contusiones en todo su cuerpo, en el transcurso de estos meses ha
sufrido de desmayos y constantes ataques de asma. Durante sus más de
cinco meses de detención Pedro ha sido privado del contacto con luz
solar, la atención médica que recibe no ha sido efectiva, pues se limita
expresamente a mitigar el dolor que posee a causa de las golpizas
recibidas durante la detención.
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En octubre iniciamos una nueva serie de talleres de seguridad digital,
conscientes del valor de la información como fuente de documentación
para la exigencia, garantía y reparación de nuestros derechos, invitamos
a comunicadores y líderes sociales a tres jornadas para presentar
buenas prácticas en materia de seguridad digital que les permitan
resguardar su trabajo e integridad.
El 15 de octubre realizamos un foro sobre circulación de información falsa en Internet,
práctica que distorsiona la calidad del contenido que alimenta el
debate público, lo que afecta el derecho humano a recibir, buscar y
difundir información. Compartimos junto a Johanna Daza (Ininco UCV),
Jeanfreddy Gutiérrez (Efecto Cocuyo), y Marjuli Matheus (Chequeemos
Venezuela) conversando sobre la verificación de información: qué es, en
qué consiste y cuál es el rol que los ciudadanos tenemos en esta tarea.
Revisa en Twitter #Verifícalo y conoce más.
El próximo 19 de noviembre realizaremos nuestro próximo foro, sobre periodismo de soluciones, ¡atentxs a la convocatoria por nuestras redes!
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