El abogado defensor de derechos humanos, coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles Rafael Narváez, denuncia que el Estado criminal convirtió ayer a Santa Elena de Uairén en la "cuna de la muerte".
El resultado de la represión, el uso excesivo de la fuerza ejecutada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los colectivos deja un saldo de 15 muertos y decenas de heridos, lo que constituye un verdadero ataque sistemático a una población civil y configuran crímenes de lesa humanidad establecidos en el Artículo 7 del Estatuto de Roma suscrito y ratificados por el Estado Venezolano.
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| Rafael Narváez. |
"El 23 de febrero el Estado venezolano decidió colocarse al lado de la muerte e ir en contra de la vida".
“La Corte Penal Internacional los espera y no concede privilegios a los jefes de estados y militares de alto rango violadores de Derechos Humanos”, señaló el jurista.
Primero asesinó a Pemones que luchaban por sus derechos, para luego seguir reprimiendo y asesinando a ciudadanos en la población de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar, que peleaban por una esperanza de ayuda humanitaria y así combatir el hambre, la falta de medicamentos que el Estado les ha negado.
La política represiva por parte del Estado sin alma y sin clemencia deja un saldo de 285 heridos, 55 detenidos y 15 asesinatos, vulnerando el derecho más sagrado del planeta como el derecho a la vida.
No conforme con esta conducta criminal, procede a incendiar 3 gandolas cargadas de esperanzas y vida para millones de pacientes crónicos y ciudadanos que se consumen en la hambruna, cometiendo crímenes de lesa humanidad en la figura del delito de exterminio contemplado en el Art. 7 del Estatuto de Roma, señala Narváez.
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