Corpoelec ni siquiera ha podido informar sobre cortes arbitrarios

Nelly Cuenca de Ramírez, Natalia Ríos, Jesús Saavedra, Raúl Azparren y Alfredo Alvárez denuncian que próximo a cumplirse un año del apagón nacional la Corporación Eléctrica no ha regularizado sus operaciones y continúa violando la Constitución de la República. 

La ciudadanía espera respuestas oportunas de las instituciones del Estado venezolano.  

Un grupo de larenses, miembros de las organizaciones de la sociedad civil,  adelantan diligencias ante los despachos de la Defensoría del Pueblo y la empresa Corpoelec para que se restituyan los derechos infringidos en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica en el estado Lara, al igual que en el resto del país.

Cumpliendo con lo establecido en la Constitución exigen que Corpoelec informe sobre las limitaciones del servicio, ofrezca un cronograma sobre la suspensión, su periodicidad y su exacto cumplimiento.  

Reclaman transparencia y rendición de cuentas; aspiran conformar con el apoyo de la ciudadanía un vigoroso movimiento de presión hasta lograr la completa normalidad del suministro eléctrico.

Ante la Defensoría del Pueblo reclaman la intermediación para que facilite un diálogo transparente con las autoridades de Corpoelec y se incorpore a la Alcaldía del municipio Iribarren. 

Proponen realizar estas gestiones en cada capital de estado del país.  

El texto del documento especifica: 

La administración pública está al servicio de los ciudadanos, se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Considerando que el próximo 07 de marzo de este año 2020, se cumplirá ese plazo máximo de un año, sin que la prestación del servicio eléctrico se haya regularizado y, lo más grave, Corpoelec ni siquiera informa a los usuarios de la programación de los cortes arbitrarios que realiza, ni cuáles son los criterios de la suspensión de dicho servicio en el interior del país, mientras que en la capital el trato a los usuarios es privilegiado, lo cual viola el artículo 89:5 de la CRBV, que consagra el derecho constitucional de no a la discriminación.

Con información

del periodista Alfredo Alvárez.