La Asociación Civil Espacio Público registró en enero de este año 28 casos que no son eventos aislados y se tradujeron en violaciones al libre ejercicio del periodismo.
El contexto actual del país hace que el ejercicio del derecho a la libre expresión sea violentado por el Estado de forma recurrente y como parte de una política en la que confluyen funcionarios, instituciones y cuerpos de seguridad.
La política estatal restrictiva utiliza diversas herramientas en momentos de alta tensión política para intimidar, agredir, censurar y detener a periodistas, ciudadanos y medios de comunicación con el fin de imponer una hegemonía.
La mayoría de los casos para impedir la cobertura de la fuente parlamentaria, retenciones arbitrarias y censura a través de la prohibición de la difusión de información.
De los 82 afectados(as), el 75% son periodistas y reporteros.
Los datos revelan un incremento en el número de violaciones producto del periodo de conflictividad social y política que transita el país.
La Asamblea Nacional (AN) tenía previsto realizar el domingo 5 de enero, la elección de la nueva Junta Directiva en la que sería ratificado como presidente, el diputado Juan Guaidó.
La jornada inició con la restricción del acceso a las principales redes sociales y las plataformas digitales desde donde los portales informativos hacen su cobertura en tiempo real.
Además de impedir el ingreso de medios de comunicación y agredir físicamente a periodistas que esperaban entrar a la sede del Palacio Federal Legislativo.
La segunda sesión ordinaria de la AN convocada en el Palacio Federal Legislativo el 7 de enero, dejó un total de 12 periodistas violentados por funcionarios de la GNB y grupos de civiles afectos al Gobierno.
Con información
de Espacio Público.
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