Narváez: Tenemos una justicia penal politizada que viola la Constitución

El abogado defensor de los derechos humanos asegura que actualmente el sistema de justicia venezolano se encuentra paralizado y solo existe para perseguir a la disidencia opositora.

Rafael Narváez.

Rafael Narváez denuncia que la administración de justicia le permite al Estado seguir aplicando su política pública de vulnerar los derechos civiles, políticos y garantías constitucionales.

"Sentencias relámpagas del TSJ son implacables contra los derechos políticos, no a sí contra las violaciones sistemáticas de los derechos humanos".

El máximo tribunal de la República - señala el coordinador del movimiento  Defensa por los Derechos Ciudadanos - es valiente para despojar de símbolos y tarjetas a organizaciones políticas por el solo hecho de reclamar justas condiciones y garantías electorales para el soberano con decisiones express que vulnera el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República.

"Este TSJ es muy débil para investigar y procesar penalmente a los cuerpos de seguridad del estado que siguen cometiendo atrocidades, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, degradantes y torturas, desaparición forzadas de personas y ejecuciones extra judiciales encabezadas por el grupo exterminio FAES que actúa con total impunidad". 

Destaca Narváez que los venezolanos estamos en presencia de una justicia penal politizada que actúa contrariando sus atribuciones y competencias establecidas en nuestra Carta Magna y en la ley orgánica del Poder Judicial que obliga a mantener su autonomía e independencia para garantizar a los ciudadanos un sistema de justicia imparcial, transparente  y sin color político.

"Es oportuno recordar al poder judicial que el enemigo no está en los partidos políticos, los medios de comunicación social, periodistas, médicos, parlamentarios, ni en el ciudadano que protesta por la crisis sanitaria, por las fallas permanente de los servicios básicos como el agua, energía eléctrica, gas doméstico, el verdadero enemigo es el Covid19, la impunidad y la subordinación de los poderes públicos que siguen dejando en un grado de indefención a las víctimas de violación sistemática de los derechos humanos por parte del estado venezolano", cita el ex parlamentario.