CNP pide detener escalada represiva contra comunicadores y medios

Las organizaciones que trabajaban en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y el derecho a la información en Venezuela registran en mayo de este año 49 casos que corresponden a 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan por la frecuencia con la que ocurren: intimidación, censura y las restricciones administrativas.

La junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), como garante y custodio de la libertad de expresión, en la conmemoración de un nuevo aniversario de su creación, rechaza  la criminalización del hecho de informar o de emitir una opinión que se observa diariamente en el país, mediante la persecución de periodistas y ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión.

Este derecho ciudadano está garantizada por la Constitución de la República incluso en situaciones de Estado de Excepción o de Alarma, según el artículo 337, por lo que el CNP exhorta a las autoridades policiales y judiciales a detener la escalada represiva contra comunicadores sociales y medios de comunicación.

El Colegio Nacional de Periodistas nació por la Ley de 1972, su primera directiva fue juramentada en 1976, posee 26 seccionales en todo el país, más de 25.000 afiliados, informa Ivonn Andara.

Al menos diez hechos que incluyen actos de censura, amedrentamiento a periodistas y detenciones arbitrarias fueron reportados durante los primeros cinco días de junio de este año por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

"Hay represión directa contra los periodistas, se construyen expedientes y se extorsionan familias", dijo Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)..

Los casos más recientes reportados por el SNTP: Mimi Arriaga y Marco Antoima les imputaron delitos previstos en la inconstitucional ley del odio.

"Se trata pues de la justicia al servicio de la burocracia del régimen que no le gusta ser escrutada por los periodistas y por la opinión pública", denuncia el SNTP.

Cuatro programas informativos y de opinión en radio y televisión, y una emisora radial fueron cerrados durante la segunda mitad de mayo luego que los directivos recibieran presiones desde funcionarios gubernamentales y órdenes desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

En los 88 días del Estado de Alarma, IPYS Venezuela ha registrado al menos 24 casos de detenciones arbitrarias que han afectado a 32 trabajadores de la prensa en la cobertura vinculada a la Covid19, a hechos relacionados con la escasez y distribución de combustible y otros servicios públicos en el país.

Las víctimas en su mayoría son periodistas, particulares y ciudadanía en general, mientras que los responsables siguen siendo, los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.

Al cierre del quinto mes del año se acumulan 556 violaciones al derecho, entre las que destacan 20 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa, hechos que demuestran el nivel de persecución en contra de todo aquel que ejerza legítimamente su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información en el país, revela la asociación civil Espacio Público.

Alirio Laclé Ch.