Arremetida oficial contra ONG y medios es sistemática

El coordinador general de la ONG Expresión Libre, Gregorio Salazar, afirma que la labor humanitaria no es un delito y menos en la emergencia que vivimos. 

Destaca Salazar que Informar, opinar y protestar no son delitos, son derechos garantizados por la Constitución Nacional. "Hay que repetírselo y reclamárselo todos los días a un régimen que, contra la pared, persigue sin miramientos a todo aquel que le deja al descubierto todos sus errores, ineptitudes, corruptelas y los extravíos ideológicos que han convertido a Venezuela en un Estado fallido". 

El ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia que la reciente arremetida oficial contra las ONGs se ha convertido en una acción sistemática, lo mismo que contra los medios de comunicación, cuyos casos más recientes son los de Efecto Cocuyo, VPITV y Tal Cual, solo por mencionar algunos.

Antes de Azul Positivo también fueron blanco de algún tipo de medida organizaciones como Convite, Acción Solidaria, y de ataques verbales por parte de altos voceros del régimen Provea y Acción Solidaria.

Salazar analiza la detención arbitraria de cinco directivos de la ONG Azul Positivo, una organización caritativa y de derechos humanos que desde hace 17 años ha trabajado dando apoyo de distintas formas a pacientes de VIH, pero cuando creció la emergencia humanitaria por efectos del modelo económico y social que desde hace 21 años rige en el país, extendieron su cooperación hacia otros grupos vulnerables. Les facilitan la compra de alimentos a través de tarjetas de débito con dinero proveniente de la cooperación internacional.

Como en otros casos, - expresa Salazar - todo comenzó por un “procedimiento administrativo” que duró seis horas y tras lo cual se llevaron a los cinco miembros de esa ONG, acusados de los presuntos delitos de legitimación de capitales, uso fraudulento de tarjetas inteligentes con tarjetas de pago y asociación para delinquir. A quien le imputen solo el primero de esos delitos puede ser castigado con una pena de diez a quince años de prisión. Un análisis jurídico de las acusaciones contrapuestas con la labor de Azul Positivo indica a las claras que en nada de eso se ha incurrido: el dinero es legítimo y se asigna directamente. Menos mal que no les colocaron un fusil como al periodista Roland Carreño.

Alirio Laclé Chirino.