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viernes, 21 de enero de 2022

El Arco Minero venezolano: Un gran desastre humano y ecológico

El grupo de investigación y apoyo de activistas y profesionales "SOSOrinoco", iniciado en 2018 por un grupo de expertos dentro y fuera de nuestro país, asegura que la minería en Venezuela, representada en el Arco Minero, se ha convertido en una actividad imbuida dentro de una gran trama delincuencial organizada que llega a todos los niveles del poder político y militar.

SOSOrinoco: El Arco Minero es destrucción. 

"SOSOrinoco" advierte en sus redes sociales que su objetivo es documentar y dar visibilidad a toda la problemática de la Amazonía, Orinoquía y la Guayana venezolanas, crear conciencia sobre la tragedia que está ocurriendo y perfilar algunas medidas urgentes que se deben tomar para detener el desastre humano y ecológico que se está desarrollando.

"Hemos estado trabajando de manera anónima, debido al alto riesgo que conlleva este tipo de investigación en Venezuela. Nuestro compromiso ha sido documentar y realizar un diagnóstico a fondo de la región al sur del río Orinoco y crear conciencia sobre la tragedia que se está produciendo, así como perfilar las medidas urgentes que se deben adoptar para detener este desastre", señalan los responsable de la organización social.


El Arco Minero no tiene estructura formal ni límites geográficos.

Se promueve la anarquía, dentro de ella se establecen “cuellos de botella” o “embudos”, estructurados por la más elemental y absoluta violencia, donde los personeros militares y civiles de la alta jerarquía del régimen (del partido de gobierno) interceptan y capturan una proporción importante del flujo de minerales y dinero.

No obedece ni respeta leyes mineras, ni leyes ambientales. No ha generado ni un sólo estudio técnico que lo fundamente en lo geológico ni en lo ambiental y menos aún en lo social. Ni un solo estudio de impacto socioambiental, exigido por la Constitución, ha sido producido.

Bajo la apariencia de institucionalidad de un absurdo Ministerio de Minería Ecológica y de una Misión Piar, en la realidad solo operan comisarios políticos del régimen, encargados de lubricar la intrincada trama delictiva de saqueo y expoliación del patrimonio público.

El Arco Minero del Orinoco es el rótulo que le ha colocado el régimen de Maduro a una inmensa extensión del territorio venezolano (111.843 km2), adyacente a la costa sur del río Orinoco y que es la “marca” de una política de apertura a la minería en general, pero que tiene como ambición principal el oro y el coltán.

En un sentido estrictamente técnico tiene la apariencia de ser un marco de política con expresión geográfica sobre el cual el gobierno anuncia que promoverá la minería. 

En una situación de normalidad jurídica y política podría ser este su sentido, pero en la realidad el Arco Minero no es más que la manifestación pública, podría decirse que arrogante y desafiante, de la voluntad que tiene un estado fallido de promover la anarquía y el saqueo del patrimonio minero de la Nación venezolana.

El Arco Minero no solo representa un área de los 111.843 km2 de territorio del norte y este del estado Bolívar, más grande que Portugal o Cuba, es una política de estado que alcanza todo el Sur de Venezuela, y más allá aún, a todo el país.

Esta política de promoción de la anarquía, la expansión y la profundización de la minería - cita la ONG SOSOrinoco - se ha desbordado a sitios que en el mapa no están dentro del Arco Minero, como el parque nacional Canaima, la cuenca del río Paragua, la cuenca media y alta del río Caura (parque nacional Caura), el parque nacional Yapacana, la reserva de biosfera Alto Orinoco Casiquiare, todo el norte del estado Amazonas y la frontera sur de Amazonas con Colombia. 

Las repercusiones del Arco Minero han llegado incluso, y se han consolidado, al estado Carabobo y Cojedes, en los que hay al menos 3 importantes focos mineros establecidos con el mismo patrón del estado Bolívar. 

Por una parte, se sabe que desde su anuncio en el 2016 han proliferado las solicitudes y los contactos entre el gobierno y supuestas empresas para la explotación minera, fundamentalmente de oro y coltán, esto dentro de un marco de aparente apego a los procedimientos administrativos mineros, pero por otra parte, en la realidad, lo que está ocurriendo en el terreno es la profundización y la expansión de la explotación minera por parte de actores irregulares al amparo del gobierno.


Estos actores irregulares son:

Las bandas organizadas de delincuentes dirigidas desde las instalaciones penitenciarias venezolanas (conocidas como “sindicatos” y “pranato”), los grupos paramilitares controlados por el gobierno (“colectivos”), los grupos paramilitares extranjeros que actúan en Venezuela por acuerdo con el régimen (guerrilla colombiana del ELN y FARC). 

Estos actores irregulares son fundamentalmente los entes operadores encargados del control territorial de las minas, quienes supervisan y fiscalizan a los mineros.

Los actores financieros también son fundamentales en la estructura y son esencialmente comerciantes e inversionistas privados del estado Bolívar y de todo el país, quienes aportan los recursos económicos y entran como socios financieros en este inaudito esquema delincuencial.

Los militares venezolanos de los 4 componentes de la Fuerza Armada Bolivariana, así como los cuerpos de seguridad del Estado (SEBIN, PNB, CICPC) son los actores “tope”, los que en última instancia están encargados de controlar toda esta trama y quienes actúan dentro de todo este sistema con la finalidad de imponer su violencia en caso de que sea necesario, y que se quedan con una importante tajada del botín, sea en dinero o en mineral, reseña la ONG SOSOrinoco.



Alirio Laclé Chirino.




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