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miércoles, 23 de febrero de 2022

Amado Carrillo Gómez: La reforma judicial no tienen señales de buena voluntad

El abogado litigante, especialista en derecho administrativo, afirma que es necesario que las universidades y colegios de abogados inicien un amplio debate en el país sobre la Reforma Judicial que busca fundamentalmente la intervención de los actores judiciales.

Abogado Amado José Carrillo Gómez. 

Carrillo Gómez es especialista en derecho administrativo de la Universidad Fermín Toro, con doctorado en Derecho de la UCAB, profesor universitario (UCLA) y director general de Themis Consultores Jurídicos.

Advierte que la elección de magistrados y la reforma judicial no tienen señales de buena voluntad que nos hagan pensar que esto no es una forma de reconcentrar el poder y poner orden a los grupos de poder dentro de la gobernanza del poder judicial.


Le consultamos: ¿En qué consiste la reforma judicial?


La reforma judicial - responde Carrillo Gómez - se confunde por momentos con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Debemos decir, que esta reforma judicial tiene un carácter mucho más amplio y ha sido coordinada desde el Consejo de Estado. 

Este es un órgano de consulta del presidente de la República y la administración pública. Esta instancia no tiene un espíritu ejecutivo sino de diseño de estrategias y políticas públicas. La ley, que fue aprobada en el año 2014, establece el funcionamiento de las subcomisiones que solo tienen un carácter consultivo y de investigación. Si embargo, por medio de este órgano se da inicio a una reforma judicial enfocada en tres aspectos: 1) Desocupar los recintos preventivos en 60 días 2) Reformar 12 posibles leyes y 3) la intervención sobre los actores judiciales.

Desde junio del año 2021, hemos visto las destituciones y nombramientos de nuevos Jueces, secretarios, alguaciles, fiscales e inspectores de tribunales en distintos circuitos del país. Los últimos meses del año pasado se realizaron una cantidad importante de juramentaciones en la sede del TSJ. 

En cuanto a las leyes, se han modificado hasta la fecha un total de 15 instrumentos normativos vinculados con el tema, entre ellos la Ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código Orgánico Procesal Penal.


- ¿Cuáles son las modificaciones más resaltantes de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia?

- Entre las modificaciones más importantes tenemos la disminución de la cantidad de magistrados de 32 a 20. Queda la Sala Constitucional conformada por cinco miembros y el resto de las salas por tres. Volviendo al esquema antes de las modificaciones del año 2004 producto de lo sucedido con "el Carmonazo". 

La incorporación de un parágrafo al artículo 25 de la ley donde se establecen las competencias de la Sala Constitucional, para generar una condición formal, poniendo un límite al cambio normativo que puedan ejercer mediante la interpretación constitucional la Sala, “garantizando” aparentemente que la intervención sea como legislador negativo y quedando en manos de la AN el cambio de las normas cuando la Sala haga las observaciones. Esta modificación se confirmará cuando la Sala Constitucional realice su primera modificación, ya que la redacción no es clara, pudiendo interpretar la Sala su alcance.

Se incorpora la idea natural en la ley que los nombramientos que hace el TSJ deben ser conforme al artículo 255 constitución, es decir, parece un guiño al restablecimiento de los concursos de oposición de credenciales para ingresar a la carrera judicial. Se aplica el mismo procedimiento a la designación de suplentes y se incrementa de mayoría absoluta a mayoría calificada para la elección de los magistrados suplentes. Se mantiene el período de 6 años con reelección. Queda prohibido la designación de conjueces.

El Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura pasan a ser nombrados por la AN con los mismos requisitos de elección de un magistrado por un período de 7 años y queda prohibido que sean ocupados los cargos por magistrados. Aumentan a 21 el número de miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, alterando su balance; conformado por 11 diputados de la AN y 10 personas de la sociedad civil, lo que asegura la mayoría en el peso político de la comisión sobre el de la sociedad civil en las decisiones, cita Carrillo.


- ¿Qué consecuencias trae para el país estas modificaciones?

- Es preocupante para el país la regresión producto de la concentración de la toma de decisiones del poder judicial. Mientras mayor número de Magistrado tiene un cuerpo colegiado, menor es su poder individual. Un principio básico de derecho constitucional. 

Sin embargo, la disminución - responde el especialista en derecho administrativo - puede ser tomada como una inconstitucionalidad por el carácter progresivo de los derechos humanos y su sistema de protección. Existe un cambio en el equilibrio natural del comité de postulaciones judiciales que le da mayor peso político a la preselección de Magistrados, cuando en principio, debería ser mayor el peso de la sociedad civil venezolana en este proceso.

"A pesar de ser un punto de la última mesa de negociación, la elección de Magistrados y la reforma judicial, no tienen señales de buena voluntad que nos hagan pensar que esto no es una forma de reconcentrar el poder y poner orden a los grupos de poder dentro de la gobernanza del poder judicial. Es alarmante que órganos dentro del mismo poder judicial, que tenían su designación por medio de la Sala Plena, ahora sean nombrados por la Asamblea Nacional. Por lo que se puede presumir una persecución mediante el Inspector General de Tribunales a los jueces y un adoctrinamiento en la Escuela Nacional de la Magistratura, dando continuidad a la erosión de la independencia del poder Judicial".

Por otro lado, la AN en 120 días designará a los veinte Magistrados y sus suplentes. Los Magistrados, que para la fecha de entrada en vigencia la Ley, no hayan culminado el periodo para el cual fueron designados, podrán volver a postularse para ejercer estos cargos. El caso de mayor preocupación es el de los Magistrados designados en diciembre del año 2010, que estaban por finalizar su período, podrán ser designados para ejercer por 12 años más, sin contar los años que ya han ocupado el cargo.

Es necesario - advierte Carrillo - que las Universidades y los colegios de abogados inicien una discusión de estas decisiones y un amplio debate en el país. Este tipo de reformas y cambios, deben ser denunciadas y debatidas en las instituciones intermedias que se encuentran tan golpeadas, y en muchos casos, desnaturalizado su propósito. 

Difícilmente la sociedad civil venezolana puede actuar en una situación tan compleja, por ello que las organizaciones y las instituciones que agrupan a la sociedad deben revitalizarse para afrontar y dar a conocer a toda la opinión pública del país el resultado de estos debates, para que no queden solo en los reiterados llamados por la preocupación de expertos y académicos del país, cita el abogado y docente universitario.
 





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