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viernes, 4 de marzo de 2022

UNA INTENTONA APÁTRIDA EN BOGOTÁ




El pasado mes de febrero fue noticia la reunión de los gobernadores Manuel Rosales (UNT / Zulia), Sergio Garrido (AD / Barinas) y Alberto Galíndez (Alacrán / Cojedes) con el embajador de Los Estados Unidos de América (EE.UU) para Venezuela, James Story en Bogotá (Colombia), abogaron por el reinicio del diálogo, en México, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. A esta reunión no asistió el gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez (alacrán), por su avanzada edad.


De acuerdo con información difundida por el diario TAL CUAL, quien a su vez citó al diario “Versión Final”, los gobernadores estuvieron acompañados por el exdiputado del partido Un Nuevo Tiempo, Stalin González. Los mandatarios regionales presentaron al embajador Story un documento solicitando la eliminación de las sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, también pidieron el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América, nuevas elecciones de la asamblea nacional, la devolución de los dineros públicos a manos del ejecutivo controlado por Maduro y la liberación e incorporación de Alex Saab a la mesa de diálogo.

Los gobernadores “opositores” pidieron que se restablezca el proceso de diálogo en México con el apoyo de Cuba, Perú, Panamá y Argentina, proceso que fue suspendido por el gobierno de Maduro, en octubre de 2021, tras la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a los Estados Unidos.

Los mandatarios estadales le plantearon al embajador James Story la necesidad de reabrir las inversiones de las transnacionales en hidrocarburos, construcción, agricultura, ganadería, sector automotriz, salud y metalurgia. Para tal fin pidieron nuevas elecciones de diputados de la asamblea nacional para diciembre del año 2023, y posteriormente, escoger un nuevo CNE para que obre de buena voluntad en unas elecciones presidenciales para el año 2024.

Los gobernadores le insistieron en la posibilidad de repetir las elecciones legislativas nacionales con el propósito de poder demostrarle al mundo que en Venezuela hay democracia y que tal y como la Constitución lo plantea, poder realizar el proceso de privatizaciones ajustado al derecho internacional público. Una de las voces que más protagonismo tomó en esta reunión fue el gobernador zuliano, quien se perfila como precandidato presidencial para el año 2024, éste le pidió al embajador estadounidense para Venezuela que hay urgencia de retomar las negociaciones en México para encontrar una solución definitiva a la crisis del país.

Esta reunión de los mandatarios de Zulia, Cojedes y Barinas ha derivado en duras críticas en importantes sectores de la sociedad civil y política en Venezuela y también entre los exiliados venezolanos en los Estados Unidos de América. 

Cabe destacar que las sanciones de EEUU iniciadas desde el año 2008 contra el régimen venezolano y que fueron acentuándose una vez que llegó Donald Trump a la presidencia estadounidense en 2015, fueron para atrofiar los ingresos petroleros y de otros rubros de Venezuela que financiaban la maquinaria de tortura y genocidio dirigida por Nicolás Maduro y su partido PSUV desde el año 2013. 

En ese año Maduro cometió fraude electoral para llegar al poder contra el opositor Henrique Capriles y acto seguido hubo protestas ciudadanas que derivaron en miles de heridos y decenas de fallecidos en el país. Estas protestas, sumadas al malestar económico nacional y el desabastecimiento, se prolongaron hasta el año 2017 que se produjeron más de tres mil (3000) personas asesinadas por los cuerpos policiales y la fuerza armada nacional venezolana. 

Tres mil jóvenes promesas del talento venezolano fueron asesinados junto a investigadores científicos, músicos, modelos profesionales, artistas, escritores, estudiantes y docentes universitarios, dirigentes sindicales, dirigentes políticos juveniles, entre muchos talentos. Todos esos crímenes reposan en un expediente de veinte seis mil (26.000) páginas ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. Hoy ese genocidio silencioso, como lo define María Corina Machado, asciende a más de ocho mil (8000) víctimas que perdieron la vida protestando contra la autocracia militar de Maduro en estos 9 años de su oscuro mandato.

Resulta increíble el atrevimiento e ignorancia de estos gobernadores en ir a Bogotá a pedir el perdón de sanciones que son consecuencia de la crímenes de lesa humanidad en Venezuela, no son votos lo que están contando, están negociando sobre los huesos y la sangre de ocho mil mártires, de miles de venezolanos que no verán llegar la primavera democrática algún día no muy lejano en esta década. Este método de sanciones, nunca en la historia, ha visto su culminación a menos que el estado de cosas existentes que las propició, pues, desaparezca. 

En Colombia las FARC desaparecieron de la lista de criminales internacionales y patrocinantes del terrorismo cuando pasaron a la vida democrática y electoral, tras los acuerdos de paz de La Habana en el año 2016. Otro caso emblemático fue el de Nelson Mandela quien salió de esa lista negra de EE.UU., al convertirse en un activista democrática y renunció a la lucha armada, igualmente el dictador libio Moammar Gadhaffi cuando desmanteló su programa nuclear y renunció al patrocinio del terrorismo en el medio oriente. Esas aspiraciones de los gobernadores simplemente son un sueño.

Por su parte la administración del presidente Biden desde Washington enterado de las intenciones de los gobernadores representando a un pequeño sector de la oposición venezolana, ha respondido con extender por un año más la vigencia del decreto que declara a Venezuela, bajo el mando de dictador Nicolás Maduro, como una amenaza para la seguridad del país norteamericano. 

El presidente estadounidense en una carta enviada desde la Casa Blanca, declara que el régimen de Maduro sigue siendo una amenaza “inusual y extraordinaria” en lo relacionado con la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. Esta medida implementada en el año 2015 por el gobierno de Barack Obama que firmó esta orden ejecutiva a través de la cual se declara una situación de “emergencia nacional” ante el “riesgo extraordinario” que se considera que representa la situación venezolana. Cuando Obama firmó ese decreto dijo de forma precisa, “Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”. Este proceso fue prolongado por el gobierno de Donald Trump, quien mantuvo en firme la medida y en ese contexto continuó impartiendo sanciones y embargos contra los altos funcionarios del gabinete de Nicolás Maduro.

Gracias a esas sanciones hoy en Venezuela hay un mínimo de disidencia contra la dictadura de Maduro y se mantiene el gobierno interino de Juan Guaidó, así como el ejercicio político de María Corina Machado, ambos tienen medida de protección del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. De no haber sido por esas sanciones, habría continuado la matanza y el genocidio chavista contra dirigentes políticos, periodistas, dirigentes sociales, gremiales, sindicales, agrarios y estudiantiles hasta el día de hoy a manos de los organismos de seguridad. 

Esas sanciones fueron las que debilitaron todo el aparato represivo de la fuerza armada nacional y evitó una matanza que de no haberse detenido hoy enlutaría a millones de hogares venezolanos. El final de las sanciones ocurrirá cuando el régimen venezolano salga del poder y entregue la presidencia de la república a fuerzas democráticas respetuosas del Estado de derecho y a través de un procedimiento constitucional.



Jhotani Medina, politólogo 
y profesor universitario.
 



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