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viernes, 8 de abril de 2022

Espacio Público: Fallas del servicio eléctrico lesionan derechos humanos

La asociación civil registró en marzo de 2022 un total de 17 casos y 25 violaciones a la libertad de expresión, siendo la censura y la intimidación las incidencias más frecuentes, seguidas por hostigamiento verbal, una amenaza y una restricción administrativa.




El reporte de la ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, revela que 70 % de los casos (12) se relacionaron con internet, principalmente por fallas de los proveedores de servicios y apagones eléctricos que afectan la conectividad en estados del occidente del país. Dos casos se registraron en el estado Miranda, uno en Anzoátegui, uno en Falcón y otro en Mérida.


Se agudizan las fallas de internet

Espacio Público destaca que el Estado es el encargado del servicio eléctrico en Venezuela, y en marzo inició un programa de racionamiento con cortes programados que afectan gravemente la posibilidad de buscar, recibir y difundir información por diferentes vías, además de lesionar otros derechos humanos.

El tercer mes del año empezó con una caída de conectividad en el proveedor Supercable el 1º de marzo que se mantuvo durante al menos cinco horas y disminuyó la conexión a 50 % de sus valores normales. Ese mismo día se reportó una caída masiva de internet en varios estados por un apagón, que afectó mayormente a Táchira.

Nuevas fallas eléctricas comprometieron la conectividad el 3 de marzo en Táchira, Mérida, Cojedes y Carabobo, así como el 8 de marzo en Táchira, Barinas, Trujillo, Lara y Mérida. Un apagón durante la madrugada del 15 de marzo en Mérida redujo entre 90 % y 35 % la conexión a internet en esa entidad y en Barinas, Trujillo y Táchira.

El mismo problema afectó la conectividad a Mérida, Trujillo, Táchira, Barinas y Portuguesa el 24 de marzo y a Falcón, Lara, Zulia y Cojedes al día siguiente. El mes cerró con bajones eléctricos el 29 de marzo que afectaron a cuatro estados y fallas de Cantv, Movilnet y Movistar el 30 de marzo que redujeron la conectividad a nivel nacional a 75 % de sus valores normales.

Hostigamiento, intimidación y salida del aire

Desde el 1º de marzo el medio digital Vargas Reporta fue víctima de un hackeo a su cuenta en Instagram, hecho que afectó su labor informativa durante al menos dos semanas. Mientras recuperaba su cuenta, Vargas Reporta se mantuvo informando a través de una cuenta en Twitter.

Un funcionario de la Policía del municipio Baruta, en el estado Miranda, intimidó el 10 de marzo al fotógrafo del medio Noticiero Digital, Juan Carlos Neira, al momento de cubrir un acto del alcalde de esa jurisdicción, Darwin González, en la plaza Alfredo Sadel de la urbanización Las Mercedes.

El 23 de marzo, producto de los apagones y fallas eléctricas en el estado Mérida, al menos tres emisoras de radio de esa entidad estuvieron fuera del aire durante varias horas, pese a que algunas cuentan con plantas eléctricas para casos de emergencia.

Cuentas vinculadas al oficialismo continuaron el hostigamiento hacia el periodista de investigación, Roberto Deniz, y al medio en el que labora, Armando.Info. En esta ocasión, uno de los victimarios fue el presentador de televisión estatal, Pedro Carvajalino, quien calificó a Armando.Info como una “red de extorsión periodística” y hostigó a Deniz con un video en su cuenta personal en Twitter.

El hostigamiento a periodistas y medios de comunicación afecta la labor informativa pues sus trabajadores tienen mayor presión al buscar o difundir lo que sucede en el país. El riesgo a un ataque, amenaza o señalamiento por parte de funcionarios influye en cómo la noticia llega a las personas, quienes son también afectadas cuando el Estado no protege el derecho de los y las periodistas.




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