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jueves, 19 de mayo de 2022

Denuncian proyecto de ley que cierra cooperación internacional a la sociedad civil

500 organizaciones y 250 personas rechazan la “Ley de Cooperación Internacional (PLCI)” que analiza la Asamblea Nacional, y que de ser aprobado, tendría consecuencias aún más devastadoras para la población en situación de mayor vulnerabilidad.


En un comunicado - difundido por el sociólogo Nelson Freitez - organizaciones de la sociedad civil venezolana denuncian que esta Ley cercena el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria, un derecho humano establecido en tratados internacionales suscritos por el país, que puede aliviar y ayudar a superar las masivas y múltiples privaciones que se enfrentan en la actualidad.

Con este proyecto de ley no se pretende regular la materia sino transferir su exclusividad al gobierno, lo cual, implica ser el único que pueda recibir, transferir e intercambiar recursos humanos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes, y disponer de ellos de acuerdo con las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional, a través de la creación de un fondo a su cargo que captaría, prestaría y administraría los recursos provenientes o destinados a la cooperación internacional.

Con este proyecto de ley se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria. 

Queda claro la intención de controlar y castigar a toda persona u organización que no se sujete a su interpretación, lo cual abarca a toda la sociedad civil nacional y a las organizaciones internacionales. Incluyendo la posibilidad de dejar sin efecto las obligaciones y compromisos del Estado en acuerdos con organismos internacionales de cooperación, en caso de no adecuarse a esta finalidad del proyecto de ley.

La sociedad civil nacional y las organizaciones internacionales, incluyendo a todas las ONG, sindicatos, instituciones académicas y toda asociación de derecho privado que participe en actividades de cooperación internacional, están obligados a incorporarse a un nuevo sistema de autorización o habilitación estatal, al que se denomina “sistema integrado de registro obligatorio” que, adicionalmente a los registros civiles y fiscales que ya las asociaciones cumplen por ley, sería el mecanismo a través del cual el gobierno se reserva el reconocimiento de las asociaciones para ser posibles receptoras o participantes de actividades de cooperación internacional.

En perjuicio de la población venezolana, este proyecto violenta los estándares de la cooperación internacional y los derechos de la sociedad civil para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica, expresión, derecho a la defensa de los derechos humanos y a la iniciativa de prestar asistencia humanitaria, dando un paso definitivo hacia el cierre de las fuentes de cooperación para el desarrollo del país y la asistencia humanitaria, como continuidad de una política de restricciones arbitrarias a las capacidades de apoyo de los organismos internacionales a la población, y de criminalización y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, desoyendo todas las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de protección, cita el comunicado de las ONG.



Alirio Laclé Chirino.



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