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lunes, 6 de junio de 2022

Espacio Público reporta 14 violaciones a la libertad de expresión

La asociación civil, defensora del derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social, informa que el acoso y hostigamiento de funcionarios e instituciones públicos a periodistas y personas defensoras de derechos humanos continuó en el mes de mayo, culminó con el cierre de al menos dos emisoras. 


En el quinto mes del año, Espacio Público documentó 11 casos que se traducen en 14 violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información. Trece de ellos relacionados con censura, hostigamiento judicial e intimidación y uno de restricción administrativa.

Siete de los casos fueron propiciados por las instituciones del Estado, siendo victimario en 63 % de las violaciones del mes. La principal víctima fue la ciudadanía en general (7 casos), junto con medios de comunicación, ONG o miembros de las mismas; y periodistas o reporteros (2 casos cada uno).

Hostigamiento continuado y cierres

Mayo inició con un caso de agresión a la periodista Leonor Argüelles por parte del concejal oficialista, José Sierra. Esto ocurrió en medio de una sesión del concejo municipal de Maracaibo en la que se discutía sobre el premio municipal de periodismo.

La agresión se produjo el 5 de mayo luego de que Argüelles diera un discurso en la cámara sobre que el premio se le debía entregar a periodistas certificados y egresados de universidades públicas o privadas, y no a comunicadores populares, como solicitaba la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Por el hecho hubo golpes y empujones. Además, la Cámara suspendió el debate público en el que se hablaba sobre una posible reforma a la ordenanza del Premio Municipal de Periodismo de Maracaibo.

El 18 de mayo, tres funcionarios de la Policía del estado Barinas (PoliBarinas) hostigaron a una delegación de la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan). Esto mientras mientras hacían un conversatorio sobre DDHH y una jornada médica en la Casa Cultural del municipio Obispos.

De acuerdo con lo denunciado por la ONG, la comisión de PoliBarinas estaba grababa e interrogaba a sus miembros y les exigieron que detuvieran sus actividades porque -según argumentaron los funcionarios- las actividades de entrega de medicamentos están prohibidas.

Esta es la segunda vez en menos de dos años que funcionarios y/o cuerpos policiales del Estado actúan en contra de la labor humanitaria que realiza Fundehullan, desconociendo la legislación internacional y la Constitución venezolana que protegen la asistencia y ayuda humanitaria que realizan las asociaciones.

Mientras que el 16 de mayo se hizo público el inicio de un proceso penal por parte del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava; en contra de los activistas de DDHH Marino Alvarado, de Provea; y Alfredo Infante, del Centro Gumilla; por la presunta comisión del “delito de difamación agravada continuada”.

El acto judicial se produjo dos meses después de que Provea y el Centro Gumilla presentaran el informe conjunto “Lupa por la vida”. En este documento se expone que la policía del estado Carabobo “es de las más letales en Venezuela” con 221 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Alvarado recomendó a las autoridades investigar a Lacava por sus «presuntas responsabilidades» en la cadena de mando de las ejecuciones por parte de los cuerpos de seguridad a su cargo.

La política de Estado venezolano en los últimos años ha consistido en criminalizar la labor que realizan defensores; trabajadores de los medios y otros particulares que contradicen el planteamiento del partido gobernante.

El 20 de mayo, por su parte, funcionarios de Conatel cerraron la emisora Topacio 101.9 FM en el estado Barinas e intentaron decomisar sus equipos. Este hecho motivó a habitantes del sector a protestar pacíficamente en contra de la medida.



Con información 
de Espacio Público.




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