La Encuesta de Presupuesto Abierto de Venezuela 2021 (OBS, por sus siglas en inglés) destaca que la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de incidir en el proceso presupuestario.
La investigación OBS, que cubre a 120
países, revela que la débil vigilancia de los órganos de control ha coincidido con el entramado de desfalco al patrimonio público, sin precedentes, ocurrido en Venezuela que suma 316 casos entre 1999 y 2020, con 67 mil 883 millones de dólares perdidos sólo en 145 casos de acuerdo a https://corruptometro.org/ un proyecto de Transparencia Venezuela.
"Venezuela no tiene una institución fiscal independiente (IFI)", cita el estudio ofrecido por la licenciada Yonaide Sánchez, coordinadora de regiones de Transparencia Venezuela.
Por tercera vez consecutiva, Venezuela obtiene 0 (cero) puntos sobre 100 (cien) máximos en la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021, única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación ciudadana en el ciclo presupuestario nacional de 120 países.
La OBS es la única herramienta de investigación basada en hechos, comparativa e independiente, a nivel global, que utiliza criterios internacionalmente reconocidos para evaluar el acceso a la información presupuestaria del gobierno central por parte del público, las oportunidades formales que el público tiene de participar en el proceso presupuestario nacional, y el papel de las instituciones de vigilancia del presupuesto, como la legislatura y los auditores, en el proceso presupuestario
El informe de la OBS señala que en el caso Venezuela la opacidad fiscal también coincide con una deuda externa que casi triplica el valor de la producción nacional (PIB), el impago de compromisos de deuda desde 2017; la reversión de la institucionalidad democrática y la ampliación de las actividades de economía negra desde el propio sector público.
El estancamiento de Venezuela en la mínima calificación, que lo ubica en la posición 117 del ranking global y en la última del continente, condiciona el promedio de América Latina y el Caribe que evidenció mejoras en los resultados de República Dominicana, Costa Rica, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Jamaica, Bolivia y Trinidad y Tobago.
El resultado de Venezuela no sólo va contracorriente de los avances de la región, en otras partes del mundo también hubo progresos, de hecho desde la evaluación de 2008, el puntaje global promedio de transparencia ha aumentado más 20 puntos porcentuales.
La Encuesta OBS 2021 identificó innovadoras experiencias que han permitido mayor participación e inclusión de los ciudadanos en las decisiones sobre cómo se recauda, se pide prestado y se gasta para garantizar el uso eficiente y equitativo de los recursos públicos. Sin embargo, la Encuesta también reveló que la vigilancia legislativa ha disminuido debido a la inestabilidad política, la pandemia y las extralimitaciones del Ejecutivo en algunos países.
En participación, Venezuela obtuvo 0 puntos sobre 100, lo que significa que la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de incidir en el proceso presupuestario, mientras que en supervisión del presupuesto la calificación del país fue de 13 puntos, indicando que existe una débil vigilancia de la Asamblea Nacional y de la Contraloría General de la República.
La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 se completó en Venezuela cuando aún estaba vigente el Decreto de Emergencia Económica impuesto por el Poder Ejecutivo, el 13 de enero del año 2016, que anuló la facultad del parlamento de aprobar el presupuesto y ejercer control de la actividad financiera.
El decreto fue interpretado extensivamente porque se impuso como política de Estado no publicar hasta ahora ninguno de los documentos presupuestarios previstos en las normas venezolanas (Informe Global con lineamientos presupuestarios, Proyecto de Presupuesto, Ley de Presupuesto, Informes Trimestrales de Ejecución, Informe de Fin de Año o Memoria y Cuenta), mucho menos considerar producir aquellos que recomiendan las buenas prácticas internacionales, y que no están tipificados internamente, tales como el Presupuesto Ciudadano, el Informe de Mitad de Año y el Informe de Auditoría del Presupuesto.
Transparencia y participación
La transparencia presupuestaria y la existencia de canales de participación inclusivos en el proceso aseguran que la asignación de los recursos se conduzca a las necesidades reales de la población, fortalece la confianza en el sector público y están asociados con déficits más bajos, costos menores de endeudamiento, instituciones democráticas más sólidas y mejores resultados de desarrollo.
Venezuela es un ejemplo de esta correlación en sentido contrario.
El declive en la puntuación de la Encuesta de Presupuesto desde una disponibilidad mínima en la evaluación 2008 a ninguna disponibilidad en las tres últimas rondas, la imposibilidad de participación en el proceso y la débil vigilancia de los órganos de control ha coincidido con el entramado de desfalco al patrimonio público, sin precedentes, ocurrido en Venezuela que suma 316 casos entre 1999 y 2020; USD 67.883 millones perdidos sólo en 145 casos de acuerdo a https://corruptometro.org/.
Ello representa aumento de la pobreza y de la desigualdad que ha forzado la migración más grande del continente; deterioro de los servicios básicos; una deuda externa que casi triplica el valor de la producción nacional (PIB), el impago de compromisos de deuda desde 2017; la reversión de la institucionalidad democrática y la profundización de las actividades de economía negra desde propio sector público luego de las sanciones, que potencia los riesgos de mayores pérdidas patrimoniales y daño social.
Los desafíos de la gobernabilidad en Venezuela, y otros países con retrocesos en el desarrollo, hacen urgente la exigencia de presupuestos responsables e inclusivos.
Una sociedad civil activa, medios de comunicación independientes, legislaturas y auditores nacionales efectivos son fundamentales para reforzar la rendición de cuentas y garantizar que el dinero público atienda las demandas más sentidas de la población.
«Las prácticas de presupuesto abierto son una propuesta ganadora: generan confianza pública en que los gobiernos pueden cumplir y pueden conducir a costos de financiación más bajos en un momento en que la deuda global y la desigualdad están en su punto más alto".
Esperamos que más países se sientan incentivados a abrir su proceso presupuestario a la consulta y al escrutinio públicos para garantizar que los recursos limitados lleguen a quienes más los necesitan», cita el informe de OBS 2021 presentado por Transparencia Venezuela, una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 2004, forma parte de una red mundial de lucha anticorrupción que está presente en más de 100 países a con la cual intercambia metodologías, herramientas y buenas prácticas para avanzar hacia una Venezuela libre de corrupción.
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