Odevida es un proyecto cuyo propósito es generar conocimientos e intervenir socialmente para promover el derecho a la defensa de los derechos humanos en Colombia, Perú y Venezuela, en este último país actúa en alianza con Provea.
Asegura que el oficialismo insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reunión pacífica y el ejercicio de la libertad sindical, gracias a un poder judicial que, de acuerdo con el informe de la Misión de Determinación de los Hechos, de septiembre de 2021, “en lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad”.
El Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, ratificó la medida de privación de libertad del sindicalista y trabajador humanitario Gabriel Blanco, el también sindicalista Emilio Negrín, y los activistas sociales y políticos Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez, quienes fueron detenidos en distintos procedimientos, que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.
El Boletín #7 de Odevida presenta la situación de personas defensoras de derechos laborales y sindicales en Venezuela donde la política antisindical ha venido avanzando durante los últimos años en Venezuela y evolucionando hacia formas cada vez más represivas.
Actualmente persisten obstáculos y amenazas para el ejercicio del derecho a la libertad sindical, como la criminalización del sindicalismo autónomo, las detenciones y procesos penales contra dirigentes sindicales, las restricciones para el ejercicio del derecho a la huelga o las descalificaciones públicas por parte de altos funcionarios del Estado.
Entre 2015 y 2020 Odevida ha registrado 82 casos de violencia en contra de personas defensoras de derechos laborales y líderes sindicales.
Entre estos, 44 casos de asesinato, uno de ellos presuntamente relacionado con la acción del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC); 28 casos de detenciones arbitrarias; 5 casos de amenazas o intimidaciones; 4 casos de intento de asesinato y 1 caso de malos tratos. Los estados más impactados por este tipo de violencia son: Bolívar, Anzoategui, La Guaira y Carabobo. Adicionalmente, se estima que 150 sindicalistas fueron sometidos a juicios penales en este mismo periodo.
Un fenómeno preocupa particularmente: la aparición del sicariato como forma de eliminación de líderes y dirigentes sindicales.
La causa de ello parece ser el tenso ambiente que se vive en el sector sindical venezolano a causa del “paralelismo sindical”, que es la coexistencia de más de un sindicato en un determinado sector productivo, lo que da pie a dado pie a una ácida competencia inter-sindical por la consecución de recursos, dotación, cuotas y porcentajes de ingreso de nuevo personal.
Este fenómeno se vive sobre todo en los sectores de la construcción y el petróleo y ha sido promovido por el Estado venezolano.
Con información
de PROVEA.
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