La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, formada por tres juristas, expresó hoy su preocupación por el proyecto de ley para regular ONG que aprobó la Asamblea Nacional de ese país el pasado 24 de enero, y que según ellos puede suponer “un cierre del espacio cívico y democrático”. “La regulación impondría a las ONG, tanto existentes como en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas”, advirtió en un comunicado uno de los expertos de la misión, el chileno Francisco Cox. La proyectada “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” impone requisitos adicionales para el funcionamiento de las ONG y otras entidades sin ánimo de lucro y su incumplimiento estaría sujeto a fuertes sanciones que podrían llegar a su disolución. La iniciativa legal, indicó la misión de la ONU, se ultima en un momento en el que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela (algunas en cooperación con este grupo de expertos) enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, incluido en el aspecto clave de su financiación. “Sin acceso a los fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”, advierte la misión, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019.
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