Estado venezolano tiene la obligación de proteger las ONG

 

Foro por la Vida rechaza proyecto de ley que criminaliza la solidaridad El Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, rechaza de manera contundente el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines el cual fue aprobado el 24 de enero de 2023 en primera discusión en la Asamblea Nacional. El proyecto configura la mayor amenaza registrada en el país contra la existencia de las organizaciones no-gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, y el accionar libre e independiente de personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios. La iniciativa legislativa constituye un atentado contra los principios democráticos y pretende cerrar el espacio cívico para toda la sociedad. El proyecto de ley criminaliza la solidaridad al desproteger aún más a los sectores populares venezolanos, que son los principales beneficiarios de la cooperación Internacional y de la labor de las ONG de derechos humanos y de los actores humanitarios. En definitiva, afecta el desarrollo, esencia y actividades independientes de las diversas asociaciones que trabajan en el país. Las ONG desempeñan un rol fundamental de contención por su contribución con la sociedad en especial con los más desprotegidos. Este trabajo incluye el acompañamiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, acciones de capacitación y formación, Impulso del desarrollo social, promoción del deporte, la ciencia y la salud, entre otras áreas. Antes que restricciones, el espacio cívico está urgido de respeto, promoción y protección por parte de las autoridades públicas. La existencia de una sociedad civil es fundamental en toda democracia. El libre actuar de las organizaciones de la sociedad civil es uno de los índices fundamentales que definen a una sociedad democrática. En ese sentido, conforme a la Constitución venezolana y los estándares internacionales, el Estado venezolano tiene la obligación de respetar y proteger el trabajo de las ONG como una expresión democrática de la libertad y los derechos de asociación, libertad de expresión y participación, entre otros. Las ONG en Venezuela están sujetas en general al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico vigente; y en particular, están reguladas por un marco jurídico para su constitución y actuación, que incluye el cumplimiento de deberes y obligaciones en materia de registro de sus estatutos constitutivos originales y sus cambios en el registro civil (Código Civil); el cumplimiento de los deberes tributarios, tales como registros, libros, soportes y declaraciones de impuestos nacionales y en su caso municipales (Código Orgánico Tributario, Ley de Impuesto sobre la Renta, Ley sobre el Impuesto al Valor Agregado, ordenanzas municipales sobre impuestos a los inmuebles urbanos y tasas de aseo urbano); cumplimiento de obligaciones laborales, incluidos, entre otros los decretos sobre salarios mínimos y aumentos de salarios (Ley Orgánica del Trabajo, Ley sobre Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y otras); cumplimiento de las obligaciones de inscripción de los empleados en el Seguro Social Obligatorio y de las cotizaciones correspondientes (Ley del Seguro Social Obligatorio). Los locales donde trabajan estas organizaciones están obligados a cumplir con las obligaciones y permisos sanitarios, de bomberos y urbanísticas, contenidas en las diversas ordenanzas municipales. Este proyecto de ley no es un hecho aislado sino que constituye una política de Estado que de manera sistemática está dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONG y de las personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios. En el año 2006 fue aprobado en primera discusión un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que restringía su actuar y condicionaba el acceso a los fondos de cooperación internacional. Posteriormente, en los años 2010, 2015, 2021 y 2022 se propuso nuevamente su aprobación.